¿Es constitucional que la Generalitat pueda resolver un contrato si el contratista se dirije a ella en castellano?

Voto particular que presenta el consejero Daniel Sirera al Acuerdo 31/2017, de 26 de abril, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), sobre la contratación de un servicio de asesoramiento y mediación de contratos de seguros privados del Consejo del Audiovisual de Cataluña

El Consejo del Audiovisual de Cataluña ha decidido contratar un servicio de asesoramiento y mediación de contratos de seguros privados mediante un procedimiento abierto.

La cláusula 31.5.c del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato privado del servicio de asesoramiento y mediación de contratos de seguros privados del CAC establece que es una obligación del contratista “utilizar el catalán en sus relaciones con el Consejo del Audiovisual de Cataluña derivadas de la ejecución del objeto de este contrato […].

Asimismo, la cláusula 40 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato mencionado señala que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 31.5.c en relación con el uso del catalán “es causa específica de resolución del contrato”.

Estas han sido incorporadas al pliego de cláusulas administrativas particulares a raíz de lo establecido en las letras a y b del punto 1 del apartado 6 del anexo de la Recomendación 1/2009, de 30 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña.

El artículo 3 de la Constitución española dispone que el castellano es la lengua oficial del Estado, lengua que todos los españoles tienen el derecho a utilizar y el deber de conocer. A tal efecto, hay que tener en cuenta que la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, que estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomía de Cataluña, establece, con respecto al tema de la lengua, la inconstitucionalidad y nulidad de la expresión “y preferente” del apartado 1 del artículo 6. El Tribunal Constitucional (TC) justifica esta declaración considerando que esta expresión conlleva imponer el uso del catalán con la exclusión del castellano. Concretamente, el TC establece que “[…] La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también idioma oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas […]. No admitiendo, por tanto, el inciso “y preferente” del arte. 6.1 del EAC una interpretación conforme con la Constitución, debe ser declarada inconstitucional y nulo […] “.

Esta misma fundamentación es la que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la Sentencia 772/2015, de 9 de diciembre, para anular determinados mandatos o reglas establecidos en el Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña y el Modelo de protocolo de usos lingüísticos para la Generalidad de Cataluña y el sector público que depende al señalar que “son nulos los mandatos que pretenden imponer el uso del catalán en detrimento del castellano”.

Igualmente, la Sentencia 316/2012, de 23 de mayo, del TSJC, declaró nulos los artículos del Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona que consideraban el catalán como lengua de uso preferente.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la redacción de la letra a del punto 1 del apartado 6 del anexo de la Recomendación 1/2009, de 30 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, que ha sido incorporada al pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato privado del servicio de asesoramiento y mediación de contratos de seguros privados del CAC, conlleva, en opinión de este consejero, la imposibilidad real de emplear el castellano por parte de la entidad adjudicataria de este concurso público. El hecho de que la cláusula 31.5.c señale que es una obligación de la entidad adjudicataria “utilizar el catalán en sus relaciones con el Consejo del Audiovisual de Cataluña”, va más allá de la consideración de uso preferente de una lengua sobre la otra, ya que, de hecho, impide el uso del castellano.

Además, el hecho de que la cláusula 40 del pliego de cláusulas administrativas particulares señale que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 31.5.c -emplear el catalán- sea una “causa especifica de resolución del contrato” configura, por sí misma, una condición que no sólo da una clara prevalencia del catalán en detrimento del castellano, sino que también prohíbe, de hecho, el uso de la lengua castellana por parte de la entidad adjudicataria de este concurso (ya que si lo hace verá resuelto el contrato), lo que, desde mi punto de vista, es del todo inconstitucional.

Barcelona, ​​28 de abril de 2017

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