Via lliure hacia la manipulación informativa

El Pleno del Consejo Audiovisual de Cataluña, con tres votos a favor y tres en contra y gracias al voto de calidad del presidente del Consejo, ha concluido que Empar Moliner puede decir y hacer lo que quiera como colaboradora de TV3, en el ejercicio de su “libertad de expresión”. Moliner, que el año 2015 percibió de los presupuestos de TV3 un total de 66.500 euros, obtiene así el beneplácito del CAC para quemar constituciones en directo o falsear las informaciones periodísticas manipulando la realidad.

Resulta sorprendente que el CAC se base en su resolución calificando este espacio como “humorístico y de sátira” cuando ni la intervención de Moliner fue irónica ni satírica. Todo lo contrario, la propia web de la CCMA señala que “la colaboradora del programa Empar Moliner hace cada día dos artículos de opinión, uno dedicado a la actualidad y el otro a comentar, en clave de humor, todo aquello que pasa durante el programa.” Así pues la propia TV3 reconoce que sólo el artículo dedicado a comentar lo que pasa durante el programa es “en clave de humor”, no así el otro.

Dado que en este espacio, la presentadora emite una opinión sobre un tema de actualidad, el CAC debería haber analizado si la información que Empar Moliner dio, y sobre la cual fundamenta su opinión, es cuidadosa, ajustada a la realidad y completa, así como si se respetan los principios de actuación establecidos en el Libro de estilo que le son de aplicación como colaboradora de Tv3, más concretamente, los párrafos:

  • 2.1.1.2.5, que establece que los profesionales de la CCMA no pueden, en el ámbito público, “adoptar posiciones en relación con debates políticos y sociales cuando, por el trabajo que desarrollan, pueda quedar comprometida nuestra imparcialidad”.

 

  • 2.1.3.5.1, que señala que “nuestros contenidos de entretenimiento se basan en el respeto por las personas y fomentan valores constructivos y cohesionadores”.

 

  • 2.3.3.6 que en el tratamiento de la información judicial “rehuimos las generalizaciones y las simplificaciones falseadoras y no convertimos la información en espectáculo”.

 

La noticia sobre la cual opina Empar Moliner es la resolución del Tribunal Constitucional en que declara la nulidad de determinados artículos de la Ley del Código de consumo de Cataluña por invasión de competencias.

El CAC defiende la libertad de expresión, pero se olvida que la libertad de expresión tiene algunos límites: no se puede insultar, no se puede ofender y no se puede mentir, sobre todo desde una televisión pública. El CAC no ha hecho su trabajo. Es función del CAC velar para que cualquier información que se traslada a la persona espectadora sobre un hecho noticiable (especialmente si se trata de una cuestión judicial) sea tratada con rigor, exponiendo los hechos exentos de subjetividad.
Tanto del análisis de la intervención de Empar Moliner en el programa del 11 de abril como de las imágenes de recurso utilizadas se puede concluir, sin ningún tipo de duda, que la información que Moliner trasladó a los espectadores fue sesgada, manipulada y dramatizada para convencer a la audiencia de la existencia de un organismo perseguidor de los catalanes -en este caso, los catalanes más afectados por la crisis- el Tribunal Constitucional, que actúa bajo la directriz de determinados intereses políticos a los cuales no se duda a señalar utilizando estratégicamente imágenes de recurso de diputados del Parlamento de Cataluña, a los cuales Moliner culpabiliza de permitir que muchas familias no tengan ni luz ni calefacción.
Es muy preocupante que un medio público ampare la manipulación informativa, permitiendo que se haga espectáculo, puesto que no debemos olvidar que una de las misiones institucionales de la Corporación es la de “ser un modelo de calidad y credibilidad” (artículo 1.1.1.1. del Libro de estilo de la CCMA), así como de “poner al alcance de la sociedad una información independiente, plural y veraz” (artículo 1.1.1.2.4 del Libro de estilo de la CCMA). Algo grave está pasando en Cataluña cuando la dirección de una cadena pública permite la quema de libros, ya sea una Constitución o cualquier otro libro, cuando lo que tendría que hacer es promover la cultura, tal como establecen las misiones de servicio público que le han sido  encomendadas.