El CAC pide que se sancione a Atresmedia con una multa de hasta 1.000.000 euros

Por una interpretación interesada de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre Artur Mas en el programa Espejo Público de Antena 3 TV

• Tres de los seis consejeros del CAC votan en contra de este acuerdo que se aprueba gracias al voto de calidad del presidente.
• El acuerdo equipara a los catalanes con una minoría étnica a la que proteger.
• El CAC se extralimita en sus conclusiones al interpretar que Miguel Ángel Rodríguez banalizó el fusilamiento de Companys cuando el periodista no se refirió a este hecho en ningún momento.
• El CAC considera que la actitud de la periodista Susanna Griso “no fue adecuada”.

El Consejo Audiovisual de Cataluña decidió, el pasado 25 de noviembre, (con tres votos a favor y tres en contra) instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a actuar contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, SA, incoándole un expediente por una infracción muy grave tipificada en el artículo 57.1 de la LGCA, que comporta una sanción de hasta 1.000.000 euros, por los contenidos emitidos en la tertulia del 15 de octubre de 2014 dentro del programa Espejo público (Antena 3) que presenta la periodista Susanna Griso.

El acuerdo fue tomado con el voto de calidad del presidente del Consejo y con el voto contrario de los consejeros Daniel Sirera, Carmen Figueras y Eva Parera, que han presentado un voto particular que a continuación se transcribe:

“Mediante la emisión del presente voto particular, las consejeras y el consejero firmantes del mismo queremos motivar nuestro posicionamiento contrario a la adopción del Acuerdo, fundamentado en la vulneración del artículo 57.1 de la Ley general de la comunicación audiovisual (LGCA): “Son infracciones muy graves: 1. La emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”.

Han sido objeto de análisis por parte del Consejo las manifestaciones del Sr. Miguel Ángel Rodríguez que se transcriben a continuación: “La historia del ridículo ¿no? El problema que tiene Mas es que él quiere ser víctima del… de alguien. Y como no le hacen ni caso, nadie, está desesperado. Lo que le falta es un fusilamiento y entonces estaría estupendo […]. No se puede estar más tiempo ocupando un puesto de responsabilidad, porque ha hecho el ridículo absoluto. Pero él está todavía ahí a ver si… […] alguien del gobierno se equivoca… y les manda… él quiere los caño… la Guardia Civil, él quiere ahí la Guardia Civil, que le detengan.”

Libertad de expresión

Tales expresiones, aunque podrían ser susceptibles de ser analizadas en vía jurisdiccional por los tribunales competentes a demanda del afectado –el presidente de la Generalitat– y que los consejeros firmantes consideramos que son ofensivas, molestas e inquietantes, deben ser analizadas en un contexto de tertulia política y ateniéndonos, en todo caso, al marco de protección a la libertad de expresión otorgado por reiteradas sentencias. A tales efectos, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, por todas, la STS de 18 de julio de 2007, que resuelve que “[…] la libertad de expresión no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige […]”. En el mismo sentido, la reciente Sentencia de 28 de julio de 2014 del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, establece que “De acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. […] La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la supremacía de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política”.

Discurso del odio

En el Acuerdo adoptado se establece como fundamento principal que de las palabras del Sr. Miguel Ángel Rodríguez se infiere un discurso del odio extensivo a la colectividad. Así, en el Acuerdo se dice: “[…] cabe señalar que las expresiones del Sr. Miguel Angel Rodríguez en relación con el derecho a proteger –el derecho al honor– tienen una significación expansiva que va más allá de una afectación al círculo individual del presidente de Cataluña, quedando comprometido el bien jurídico metaindividual de una categoría heterogénea e indeterminada de ciudadanos que quedarían, eventualmente, afectados por el ejercicio de la violencia […]”
No consideramos aceptable la equiparación que se hace en el Acuerdo del pueblo de Cataluña con una minoría étnica a proteger. En el Acuerdo adoptado se citan los artículos 10 y 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950, relativos a la libertad de expresión y a la prohibición de la discriminación, así como la Recomendación N.R. (97) 20 del Consejo de Europa, sobre el discurso del odio, en la que se alude a dicho discurso “como el que se extiende a todas las formas de expresión que inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, en particular, la intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación, la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante”.
En este sentido, consideramos que dichos supuestos del discurso del odio no son de aplicación, ya que: i) las manifestaciones del Sr. M. A. Rodríguez se centran exclusivamente en la figura del Sr. Artur Mas, y ii) los catalanes no somos una minoría étnica discriminada por los supuestos que definen el discurso del odio por parte de las diversas instituciones europeas mencionadas.

Incitación a la violencia colectiva

A mayor abundamiento, consideramos que el CAC no puede fundamentar sus decisiones con las manifestaciones que el Sr. M. A. Rodríguez hizo sobre dichas declaraciones a través de su cuenta de Twitter, ya que: i) las redes sociales no forman parte de nuestro ámbito competencial y, por lo tanto, no pueden ser tenidas en cuenta; ii) en ningún caso pueden inferirse suposiciones de las intenciones del tertuliano, sino analizar únicamente lo que efectivamente ha dicho, y iii) cuando el Consejo valora si un prestador de televisión vulnera o no la legalidad, sólo puede tener en cuenta lo que se ha emitido por antena.
Por lo tanto, no tiene cabida en el Acuerdo aprobado con el voto de calidad del presidente establecer que las declaraciones controvertidas del Sr. Miguel Ángel Rodríguez “tienen su origen en: a) la banalización de un hecho histórico execrable, como fue el fusilamiento del presidente de Cataluña (Lluís Companys) mediante un juicio sumarísimo, y b) la introducción de elementos de violencia colectiva, como es la confrontación bélica en el debate público relativo al modelo de organización política entre Cataluña y el Estado español, susceptibles de generar, por sí mismos, un clima de hostilidad respecto a la entidad colectiva de personas físicas que conforma el pueblo catalán”.
Del mismo modo, entendemos que tampoco tiene cabida que de la manifestación del Sr. Miguel A. Rodríguez “Él quiere los caño… la Guardia Civil, él quiere ahí la Guardia Civil, que le detengan”, se infiera, como dice el Acuerdo, una intención de violencia colectiva y de confrontación bélica, ya que, a nuestro entender, el tertuliano rectificó sobre la marcha y no terminó una expresión –“los cañones”– que, efectivamente, podría haber sido considerada de incitación a la violencia, y la sustituyó por “la Guardia Civil”, que es una fuerza del orden al servicio del estado de derecho.

Actuación de la conductora de la tertulia

En relación con la actuación de la conductora de la tertulia, la Sra. Susanna Griso, que responde a las manifestaciones hechas por el Sr. M. A. Rodríguez con la expresión “¡Qué bruto eres!”, no compartimos lo que se manifiesta en el Acuerdo aprobado con el voto dirimente del presidente, que señala que “analizada la actuación de la conductora del programa, puede entenderse que su pasividad en relación con los comentarios del tertuliano no resulta la más apropiada para un profesional de un medio de comunicación”.
Consideramos que no es función del Consejo valorar si las “actitudes” de los profesionales de la comunicación son o no “apropiadas”. La función del Consejo es analizar si las emisiones de los prestadores de radio y de televisión cumplen o no la normativa vigente en materia audiovisual y si se ajustan, en el caso de los prestadores públicos, a su libro de estilo, de obligado cumplimiento.

EN CONCLUSIÓN, con todos estos planteamientos, que han sido manifestados ampliamente por el consejero y las consejeras abajo firmantes en los debates mantenidos en la sesión plenaria del Consejo, consideraremos un despropósito y un desacierto que el CAC inste al organismo competente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a actuar contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, SA, incoándole un expediente por una infracción muy grave (de 500.000 a 1.000.000 euros) tipificada en el artículo 57.1 de la LGCA por los contenidos emitidos en la tertulia del programa Espejo público (Antena 3) el 15 de octubre de 2014.

Barcelona, 27 de noviembre de 2014

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